Como era de
esperar, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza)
aprobada el pasado día 11 de diciembre del pasado año con los únicos votos a
favor del PP, ha ido cosechando todo tipo de críticas, no sólo de los partidos
de la oposición, también de las plataformas y organizaciones de defensa de los
derechos humanos y asociaciones ecologistas. Ahora parece que todos, en la dirección
del partido conservador y en una parte importante de su militancia, aceptan
como bueno el diagnóstico de la escasa y mala comunicación para explicar –y al
mismo tiempo digerir- los pésimos resultados obtenidos por esta formación en
las pasadas elecciones autonómicas andaluzas. No resulta del todo extraño, cada
vez que un dirigente del gobierno abre la boca, en algún lugar del país hay
alguien que sufre. Cuando le preguntaron al ministro del interior, Fernández
Díaz, por la necesidad de esa criticada ley, contestó sin sonrojarse: “la nueva
ley es para hacernos más libres”. No, citizen Fernández, la nueva ley da miedo,
y una sociedad con miedo es una sociedad esclava.
Con la nueva ley
si alguien se niega a identificarse podrá ser multado con 600 euros; impedir un
desahucio o manifestarse frente al congreso con 30.000; reunirse o manifestarse
en infraestructuras de servicios públicos con 600.000. Además, la nueva
legislación considera legales las devoluciones “en caliente”, cuestión ésta que
ha sido duramente criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa. La ley, está claro, desprende un tufo regresivo, represivo y
antidemocrático absolutamente insoportable. Sólo falta que contemple el estado
de sitio para completar el siniestro decálogo de un estado policial de
pesadilla. En realidad, y para ser Franco (como diría Rajoy), lo que ha
aprobado el gobierno es una ley de orden público camuflada, por lo que este
viaje a los más tenebrosos sótanos de nuestra historia, sólo tiene un objetivo
político, que por supuesto no le saldrá gratis a un gobierno con un gusto
obsceno por la imposición, las decisiones unilaterales y que desprecia tanto el
consenso. Mirar tanto al retrovisor no va a solucionar nada, y lo que se
debería prohibir son las mayorías absolutas.
Los miles de
recortes llevados a cabo por esta nefasta administración han empujado a los
ciudadanos a rebelarse y salir a la calle a protestar (de la misma manera que así
lo hacen para mostrar su descontento las víctimas del terrorismo y las
asociaciones pro-vida), y es precisamente ese ruido lo que se quiere evitar con
esta zarrapastrosa ley, imponiendo aquel terrible aserto fraguista “la calle es
mía”. Así, puede estar más penado manifestarse que robar, como han hecho muchos
de sus corruptos cargos condenados y otros presuntos. Me pregunto ¿Qué pasará
con todos aquellos que sean multados bajo algunos de los artículos de esta ley
cuando llegue otro gobierno y la derogue? ¿Les devolverán el dinero? Será la
consecuencia de aprobar leyes sin buscar el mayor consenso político y de
espaldas al sentir de unos ciudadanos que, si hacemos caso a las encuestas realizadas
al respecto, rechaza en un porcentaje abrumador la ley mordaza, porque, sencillamente,
resulta demencial; un instrumento para reprimir la protesta social y otorgar
manga ancha a las fuerzas de seguridad del estado para cometer acciones
abusivas contra los más débiles. Algo de lo que sólo será culpable el gobierno.
Acabaré pensando que la mayor corrupción no es la que finalmente acaba
desfilando por los juzgados, sino el poder que ostenta un gobierno para aprobar
leyes antidemocráticas apoyándose en su democrático rodillo absolutista.
Yo creo que esta actitud el PP la debe llevar
en el ADN, no es posible entender que si no existe un componente hereditario se
pueda pensar que para erradicar los extremismos se tenga que penalizar las
libertades –colectivas e individuales-, de no ser que la ley sólo haya sido
pergeñada porque con ella el partido del gobierno se cubre las espaldas ante la
indignación popular que su presencia puede suscitar ante las próximas citas
electorales, una indignación a la que se tiene derecho y que, en mi opinión,
está muy justificada. Resulta triste comprobar cómo en un país que presume de
desarrollado se le busque encaje a leyes tan retrógradas, o si se quiere,
seriamente cuestionables. Siempre criticaré que se utilice el parapeto de una
manifestación pacífica para cometer actos vandálicos o criminales. Pero debería
ser más constitutivo de delito, porque es mucho más cruel, incumplir las
promesas electorales de prosperidad escritas negro sobre blanco en esa estafa
consentida que suponen los programas de los partidos. Pues no existe una forma
más mezquina de represión que matar a la gente de hambre o entrar a saco en sus
paupérrimos bolsillos y que todo se haga en la silente normalidad de un estado
que se dice democrático.
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