martes, 14 de abril de 2015

EXTREMADURA EN LA ENCRUCIJADA


      Si uno odia las campañas electorales –cada vez más cargantes y teatrales- es sobre todo por lo que tienen de circenses, de esperpéntico guiñol, de grotesca bufonada, de escaparate cañí, de mercadillo ambulante y hortera en el que vemos trajinar a lo más granado de la política patria intentando, como tío Paco en las rebajas, vendernos sus crecepelos en ofertas únicas y tentadoras. Por lo que como extremeño me toca, resulta verdaderamente sonrojante ver al presidente de esta comunidad desarrollar su personalista campaña de marketing al ritmo de un rap panegírico a mayor gloria de su gestión y en donde se ha tratado de camuflar todo lo posible las siglas de su partido como si estas representasen un eczema con el que no hay más remedio que convivir debido a su atópica piel política. El presidente Monago es el más palmario y patético ejemplo de que la derecha necesita refundarse, ese trasnochado extremeñismo de que ahora hace gala es la evidencia de que el nocivo legado dejado por su partido en estos cuatro años disemina esporas tóxicas que pueden acabar contaminándolo todo.


      
      He de confesar que hasta ayer no vi el vídeo del famoso rap en previsión de que esa acción pudiera alterar de forma irreversible mi percepción sensorial. Escucho y apunto: “Lo importante son las personas y no los partidos”, “Hay que primar las ideas por encima de las ideologías”. Pero resulta que este azaroso presidente, con ínfulas de oveja descarriada, rodeado del más irrelevante equipo político que ha pisado jamás la asamblea extremeña y que ataca con la denuncia, es el Presidente del conservador Partido Popular de Extremadura, el mismo que  unido al cordón umbilical del partido matriz ha aprobado algo tan repugnante como la llamada “Ley Mordaza”; abreviando, la derecha pura y dura. Claro, que su deslealtad poco importará a los de la calle Génova si consigue mantenerse en la poltrona –algo que se venderá muy caro- y se dará por amortizada la tortura de atronarnos con perlas como la siguiente: “Algunos que antes eran  verdes ahora son rojos, los rojos son azules y a este gobierno el color le importa muy poco”. Sí, es fácil comprobar a través de su herencia, ataques, denuncias y decretos que a él el color le importa muy poco.


      
     Pero hombre, existe algún extremeño cabal que piense que el presidente Monago, por ética y estética, puede erigirse en adalid de una juventud rebelde y un pueblo subyugado. Me cuesta comprender cómo se conjuga la absurda frase “Extremadura como única doctrina” con la dolorosa certeza de que esta bendita región de inmensos recursos naturales no sea ningún referente para nadie. De ahí la repulsa y el desprecio que suscitó aquel chabacano vídeo en el que se comparaban las bondades de Extremadura enfrentada a la deprimente Andalucía. Acabará resultando que, como los telepredicadores con jacuzzi y grifería de oro, el presidente ha tenido esa doctrina muy abandonada a su suerte: Extremadura es, junto con Andalucía, Ceuta y Canarias, la comunidad con la tasa más elevada de desempleados, una tasa que supone el doble de la que tenía cuando comenzó la crisis: un IRPF más alto que el de otras regiones está incidiendo negativamente sobre la inversión en nuestra tierra; Extremadura está entre las seis comunidades que superan la media de abandono escolar por encima del 23´5 %; Debido al éxodo rural y la falta de expectativas, nuestra comunidad sufre un alarmante vacío demográfico, con 41.635 km2 cuenta con una población ligeramente superior al millón de habitantes… y el flujo migratorio no cesa; es una de las comunidades menos atractivas (por atractiva se entiende competitivas) para el turismo junto con Aragón y Asturias, con menos tejido industrial y de las más morosas.


         
      Alguien me puede explicar cómo con estos datos empíricos Extremadura puede ser, como presume el presidente extremeño y del PP regional, un referente para nadie fuera más allá de la frontera de nuestro propio territorio. A muchos nos gustaría saber qué logros puede presentar este gobierno que hayan mejorado el estatus general de la población, el bienestar de sus ciudadanos; más allá de unos brochazos de maquillaje, lo incontestable es que la región se ha empobrecido hasta límites perversos con una política de austeridad, de subidas de impuestos  y recortes que si viviéramos en una sociedad avanzada sería motivo de condena para quienes la han desarrollado y ejecutado. Tal vez al abrigo del felpudo de la política y sus constantes “puertas giratorias” las estadísticas y datos objetivos puedan resultar excesivamente distantes, fríos, y la resignación nos lleve a pensar que cualquier sitio es bueno para intentar asaltar el cielo o morirse de asco.

           Pero el trabajador honrado, que siempre está muy por encima de las instituciones que le representan, y que lleva mucho tiempo viendo reducido su poder adquisitivo, despojado de la ilusión de vivir en una sociedad del bienestar en donde funcionen las administraciones y el tejido productivo sea un elemento cardinal, confía en la luz de una nueva esperanza que otorgue un mayor poder a los ciudadanos; una quimera imposible si no existe una firme determinación de poner fin a la gangrena que supone establishment . En esta encrucijada se encuentra Extremadura, que debería instituirse como uno de los arietes para destronar la vieja política de esas élites que utilizan su poder como amenaza, que distribuyen de forma tan desigual la riqueza y se han propuesto el linchamiento sistemático de la agónica clase trabajadora. ¡Gonnnng! Último asalto.

miércoles, 1 de abril de 2015

LEY MORDAZA: ¡LA CALLE ES MÍA!


      Como era de esperar, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) aprobada el pasado día 11 de diciembre del pasado año con los únicos votos a favor del PP, ha ido cosechando todo tipo de críticas, no sólo de los partidos de la oposición, también de las plataformas y organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones ecologistas. Ahora parece que todos, en la dirección del partido conservador y en una parte importante de su militancia, aceptan como bueno el diagnóstico de la escasa y mala comunicación para explicar –y al mismo tiempo digerir- los pésimos resultados obtenidos por esta formación en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas. No resulta del todo extraño, cada vez que un dirigente del gobierno abre la boca, en algún lugar del país hay alguien que sufre. Cuando le preguntaron al ministro del interior, Fernández Díaz, por la necesidad de esa criticada ley, contestó sin sonrojarse: “la nueva ley es para hacernos más libres”. No, citizen Fernández, la nueva ley da miedo, y una sociedad con miedo es una sociedad esclava.


      
      Con la nueva ley si alguien se niega a identificarse podrá ser multado con 600 euros; impedir un desahucio o manifestarse frente al congreso con 30.000; reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos con 600.000. Además, la nueva legislación considera legales las devoluciones “en caliente”, cuestión ésta que ha sido duramente criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La ley, está claro, desprende un tufo regresivo, represivo y antidemocrático absolutamente insoportable. Sólo falta que contemple el estado de sitio para completar el siniestro decálogo de un estado policial de pesadilla. En realidad, y para ser Franco (como diría Rajoy), lo que ha aprobado el gobierno es una ley de orden público camuflada, por lo que este viaje a los más tenebrosos sótanos de nuestra historia, sólo tiene un objetivo político, que por supuesto no le saldrá gratis a un gobierno con un gusto obsceno por la imposición, las decisiones unilaterales y que desprecia tanto el consenso. Mirar tanto al retrovisor no va a solucionar nada, y lo que se debería prohibir son las mayorías absolutas.


      
      Los miles de recortes llevados a cabo por esta nefasta administración han empujado a los ciudadanos a rebelarse y salir a la calle a protestar (de la misma manera que así lo hacen para mostrar su descontento las víctimas del terrorismo y las asociaciones pro-vida), y es precisamente ese ruido lo que se quiere evitar con esta zarrapastrosa ley, imponiendo aquel terrible aserto fraguista “la calle es mía”. Así, puede estar más penado manifestarse que robar, como han hecho muchos de sus corruptos cargos condenados y otros presuntos. Me pregunto ¿Qué pasará con todos aquellos que sean multados bajo algunos de los artículos de esta ley cuando llegue otro gobierno y la derogue? ¿Les devolverán el dinero? Será la consecuencia de aprobar leyes sin buscar el mayor consenso político y de espaldas al sentir de unos ciudadanos que, si hacemos caso a las encuestas realizadas al respecto, rechaza en un porcentaje abrumador la ley mordaza, porque, sencillamente, resulta demencial; un instrumento para reprimir la protesta social y otorgar manga ancha a las fuerzas de seguridad del estado para cometer acciones abusivas contra los más débiles. Algo de lo que sólo será culpable el gobierno. Acabaré pensando que la mayor corrupción no es la que finalmente acaba desfilando por los juzgados, sino el poder que ostenta un gobierno para aprobar leyes antidemocráticas apoyándose en su democrático rodillo absolutista.


         
       Yo creo que esta actitud el PP la debe llevar en el ADN, no es posible entender que si no existe un componente hereditario se pueda pensar que para erradicar los extremismos se tenga que penalizar las libertades –colectivas e individuales-, de no ser que la ley sólo haya sido pergeñada porque con ella el partido del gobierno se cubre las espaldas ante la indignación popular que su presencia puede suscitar ante las próximas citas electorales, una indignación a la que se tiene derecho y que, en mi opinión, está muy justificada. Resulta triste comprobar cómo en un país que presume de desarrollado se le busque encaje a leyes tan retrógradas, o si se quiere, seriamente cuestionables. Siempre criticaré que se utilice el parapeto de una manifestación pacífica para cometer actos vandálicos o criminales. Pero debería ser más constitutivo de delito, porque es mucho más cruel, incumplir las promesas electorales de prosperidad escritas negro sobre blanco en esa estafa consentida que suponen los programas de los partidos. Pues no existe una forma más mezquina de represión que matar a la gente de hambre o entrar a saco en sus paupérrimos bolsillos y que todo se haga en la silente normalidad de un estado que se dice democrático.